En primera instancia, los usuarios de los servicios públicos tienen el derecho de presentar peticiones, quejas y reclamos ante las oficinas de atención al usuario de las empresas prestadoras. Estas peticiones, quejas y reclamos deben ser respondidas por la empresa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

En caso que el usuario no esté de acuerdo con la respuesta emitida por la empresa prestadora, podrá hacer uso de un recurso de reposición ante la empresa prestadora y otro de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Para ello deberá enviar, al mismo tiempo, una carta dirigida a la empresa con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Allí deberá exponer el caso y explícitamente solicitar el recurso de reposición ante la empresa prestadora y el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). La carta debe enviarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la respuesta emitida por la empresa.

De no otorgarse respuesta por parte de la empresa prestadora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes entrará a operar el silencio administrativo positivo. Ello significa que al no contestarle al usuario, la empresa le da la razón. Lo anterior, es concordante con lo establecido en los artículos 152 al 159 de la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1575 de 2007, el control de la calidad del agua de los acueductos se ejerce a través de las entidades que forman parte del Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en tanto que la responsabilidad de cumplir con la reglamentación expedida en el marco de este sistema debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto, sin ninguna distinción o diferenciación.

Dicho decreto establece las competencias de control y vigilancia de la calidad del agua en los siguientes organismos:

•Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes reglamentan las características físico-químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano; diseñan los modelos para el control y la vigilancia de la calidad del agua; diseñan los criterios para los estudios de riesgo, programas de disminución de riesgo y planes de contingencia; y evalúan los resultados de la implementación del decreto en cuestión.

•El Instituto Nacional de Salud, quien coordina la Red Nacional de Laboratorios para el control y vigilancia de la calidad del agua; establece los requisitos para la realización de la validación de los métodos analíticos; realiza revisiones aleatorias de las metodologías analíticas validadas y aplicadas para el análisis de la calidad del agua; actualiza el manual utilizado por la autoridad sanitaria y los prestadores para la toma y preservación de las muestras de agua; coordina el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad para Agua Potable, y efectúa la inscripción de los laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública.

•Las autoridades sanitarias del orden departamental, distrital o municipal, quienes entre otras deben:

Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, los resultados de los análisis de las muestras de agua para consumo humano.

Relacionar la información sobre calidad del agua con la información de morbilidad y mortalidad asociada a la misma y determinar el posible origen de los brotes o casos reportados en las direcciones territoriales de salud.

Realizar la supervisión a los sistemas de autocontrol de las personas prestadoras del servicio de acueducto, según los protocolos que definan los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección Social.

Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano.

Realizar la vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, tanto en la red de distribución como en otros medios de suministro de la misma.

Calcular los índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano, IRCA, y reportar los datos básicos del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, IRABAM, al Subsistema de Calidad de Agua Potable, SIVICAP, de su jurisdicción.

Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la solicitud.

Las autoridades sanitarias municipales categorías 1, 2 y 3, deben coordinar las acciones de vigilancia del agua para consumo humano con la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción.

Realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano.

•La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios quien deberá iniciar investigaciones e imponer sanciones a aquellos prestadores que incumplan con las condiciones establecidas en el decreto en mención sobre el suministro y distribución de agua para el consumo humano.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es la entidad encargada de efectuar las funciones de inspección, control y vigilancia a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. Sus funciones están establecidas en la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, es competencia de los municipios estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 732 de 2002, respecto de las metodologías y los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado.

Una vez el municipio realice y adopte la estratificación urbana, de fincas y de viviendas dispersas rurales, deberá reportarla al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Con base en dicha estratificación se podrán asignar los subsidios y aportes solidarios a los suscriptores.

En consecuencia, la tarifa que cobrará el prestador deberá tener en cuenta la estratificación realizada por el municipio tanto en la zona urbana como en la zona rural. En caso de existir problemas o inconvenientes en dichos procesos de estratificación, el municipio deberá solucionarlos lo más pronto posible, para lo cual podrá contar con el apoyo técnico del DANE.

El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador, según sea el caso, serán quienes definirán los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios y con cargo a su presupuesto, otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos.

Asimismo, los Concejos municipales, distritales y las Asambleas están en la obligación de crear los "Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, así como los recursos del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes conforme lo dispone el Decreto 565 de 1996. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso.

Las variaciones (incrementos o disminuciones) de las tarifas obedecen a diferentes factores, entre los que se encuentran los siguientes:

•Variaciones producto de la aplicación de las disposiciones contenidas en las metodologías tarifarias: En este caso pueden ser producto de un nuevo cálculo de conformidad con lo dispuesto en las metodologías tarifarias vigentes, o de alguna modificación de las fórmulas tarifarias, en virtud de una solicitud de carácter particular en aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018.

•Incrementos por índices de precios: Las tarifas de los servicios públicos pueden presentar variaciones, en virtud de lo señalado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994: "Durante el período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. (...)". Para el caso de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el índice a considerar es el Índice de Precios al Consumidor – IPC.

Cada vez que se produzca este reajuste de tarifas, los prestadores están obligados a informar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a esta Comisión de Regulación; adicionalmente, deben publicarlas por una sola vez en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional.

Es importante precisar que las personas prestadoras, dentro de su autonomía y atendiendo el criterio de suficiencia financiera establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, pueden decidir no realizar las actualizaciones por acumulación del IPC en el mes en el que se cause, por lo que se acumularía el incremento para ser aplicado con posterioridad.

•Variaciones en las facturas generadas por efecto de la modificación del nivel de consumo básico: Esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 750 de 2016, por medio de la cual se modificó el rango de consumo básico en el territorio nacional, teniendo en cuenta la altitud promedio sobre el nivel del mar.

•Variaciones tarifarias generadas por efecto de la modificación en los niveles de subsidios a los estratos bajos o de los aportes solidarios a los estratos y usos contribuyentes: Los alcaldes y el respectivo concejo municipal o distrital deben tomar las medidas que a cada uno correspondan para crear y ejecutar apropiaciones presupuestales para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores recursos, en concordancia con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, al que se hizo referencia previamente.

Así las cosas, por cambios en los porcentajes de subsidios o aportes solidarios, pueden generarse variaciones en las tarifas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 (sujetos de subsidios) o de estratos 5 y 6 y aquellos usuarios comerciales e industriales (sujetos de aportes solidarios).

La empresa prestadora de los servicios públicos, podrá cambiar el medidor cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el servicio que se presta. En tal caso, el usuario pagará a la empresa la diferencia entre el valor del medidor nuevo y el valor del medidor retirado, así como de los materiales derivados de tales obras, a los precios vigentes, en un plazo máximo de seis (6) meses.

Cuando a juicio de la empresa el medidor no registre adecuadamente el consumo, ésta podrá retirarlo temporalmente para verificar su estado. Si se determina una falla en el instrumento de medida, se dará al usuario la opción de repararlo si, técnica y económicamente, esto resulta procedente.

En caso de requerirse el cambio del medidor, el usuario tendrá la opción de adquirirlo donde quiera, siempre y cuando el medidor reúna las características técnicas establecidas en el contrato de condiciones uniformes o la empresa también podrá suministrarlo previa autorización del suscriptor.

En todo caso, cuando el medidor sea retirado para su reemplazo, deberá ser entregado al usuario en su condición de propietario del mismo, salvo que expresamente el usuario indique lo contrario.

Lo anterior, es concordante con lo estipulado en el artículo 2.3.1.3.2.3.16 del Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Vivienda, Ciudad y Territorio"

Por su parte, hay que tener presente que según lo definido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución CRA 457 de 2008 , "Sólo será posible la reposición, cambio o reparación del medidor por decisión del prestador, cuando el informe emitido por el laboratorio debidamente acreditado indique que el instrumento de medida no cumple con su función de medición."

Por razones técnicas y económicas, las resoluciones expedidas por esta Comisión adoptaron como criterio general emplear el consumo de acueducto como parámetro para determinar el consumo en el servicio público domiciliario de alcantarillado, y por tal razón, se hace referencia a equiparar los consumos del servicio público domiciliario de alcantarillado con los de acueducto considerando adicionalmente la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado, definido el parágrafo 2 del artículo 15 de la Resolución CRA 688 de 2014 y en los artículos 28 , 29 y 31 de la Resolución CRA 825 de 2017.

Ahora bien, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 800 de 2017, en la cual se definen las condiciones de carácter general que permitan aplicar la opción de medición de vertimientos, a los suscriptores y/o usuarios que lo soliciten al prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.

Los montos máximos para subsidios son 70% para usuarios residenciales del estrato 1, 40% para usuarios residenciales del estrato 2 y 15% para usuarios residenciales del estrato 3.

Estos subsidios se aplican en el caso de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el cargo fijo ($/suscriptor) y el cargo por consumo ($/m3) según consumo básico en función de la altura sobre el nivel del mas de las ciudades y municipios, de la siguiente manera:

Por encima de los anteriores valores de consumos básicos, según le aplique, se cobra el cargo por consumo sin subsidio. Ahora bien, en el servicio público de aseo, los porcentajes de subsidio se otorgan independientemente del nivel de producción de residuos, es decir, se aplican los porcentajes de subsidio sobre el valor total de la factura.

Para el servicio público de aseo se cuentan con tres metodologías tarifarias, la Resolución CRA 720 de 2015, "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, la metodología tarifaria aplicable a pequeños municipios contenida en la Resolución CRA 853 de 2018 "Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones", esta metodología comienza aplicarse a partir del 1 de julio de 2019 y hasta más tardar el 1 de julio de 2021, y la metodología tarifaria establecida para esquemas diferenciales establecida en la  Resolución CRA 943 de 2021.

Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se cuentan con dos metodologías tarifarias a saber:

La primera aplicable a grandes prestadores contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, "Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana"

Y la segunda aplicable a pequeños prestadores establecida en la Resolución CRA 825 de 2017 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan.”

Las metodologías tarifarias para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado definen que el Cargo por Consumo se establece a partir de tres componentes: el Costo Medio de Operación y Mantenimiento (CMO), Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) y se expresa en $/m3.

El cargo por consumo corresponde al pago que cada usuario hace a la empresa de servicios públicos por cada metro cubico consumido y con el cual la empresa cubre los gastos en que incurre para llevar cada metro cubico de agua al usuario.

Tales gastos en términos generales son: los de operación y mantenimiento, los costos en inversiones (para mejorar cobertura, calidad, continuidad e inversiones para la reposición y rehabilitación de los sistemas) y los costos de tasas ambientales.

Al respecto, las metodologías tarifarias para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, disponen que para cada uno de los servicios (acueducto y alcantarillado), se debe determinar un cargo fijo con base en los costos de administración y el número de suscriptores del prestador. Es decir, es el valor resultante de dividir los gastos de administración, entre el número de usuarios facturados. Toda la información deberá ser tomada del mismo año de prestación definido como año base.

Dicho "Cargo Fijo” se define con base en el "Costo Medio de Administración - CMA” y se expresa en $/suscriptor/mes.

Las tarifas se componen de dos elementos. Primero, los costos de referencia del servicio, los cuales se calculan con base en las metodologías expedidas por la CRA. Segundo, estos costos se afectan por los porcentajes de subsidio y contribuciones, los cuales son establecidos autónomamente por las autoridades municipales. Los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios, mientras que los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales pagan un aporte solidario, con el objeto de obtener recursos adicionales para otorgar dichos subsidios. Los usuarios residenciales de estrato 4, así como los usuarios del sector oficial, pagan el costo de referencia del servicio, es decir, no reciben subsidio ni pagan contribución.

Dada la naturaleza monopólica de algunas actividades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, lo cual implica la presencia de un único proveedor, es difícil alcanzar un sistema de precios de mercado competitivo. Por lo tanto, el Estado, a través del ente regulador, interviene para asignar el recurso de una manera más eficiente.

Las tarifas son fijadas autónomamente por las juntas directivas de las empresas o por quien haga sus veces, o por el Alcalde del municipio, cuando los servicios son prestados directamente por la Administración Municipal.

Las tarifas deben calcularse con base en las metodologías establecidas por la CRA, salvo que el prestador esté en alguna de las excepciones contenidas en la ley: tarifas establecidas mediante contratos (parágrafo 1 artículo 87 Ley 142 de 1994), libertad de tarifas (artículo 88 Ley 142 de 1994) y productores marginales (artículo 16 Ley 142 de 1994). La CRA no aprueba las tarifas.

Son nombrados por el Presidente de la República por un período de cuatro (4) años. Las funciones de Director Ejecutivo las ejerce uno de los expertos durante un año y luego entrega el cargo a otro Experto Comisionado.

  • El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien la preside. 
  • El Ministerio de Salud y Protección Social.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  • El Director del Departamento Nacional de Planeación -DNP-.
  • Cuatro (4) Expertos Comisionados de dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República, para periodos fijos de cuatro (4) años. 
  • El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ó su delegado (con voz pero sin voto.)

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA – es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, como Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, regida por la Constitución Política y por la ley; sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mediante el Decreto 1524 de 1994 le fueron delegadas las funciones, relativas al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución Política le encomienda al Presidente de la República.

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, y a obtener pronta resolución sobre la misma.

Las peticiones se pueden presentar en forma verbal, telefónica o escrita, a través de cualquiera de los canales que la Entidad ha dispuesto para tal fin.

En la petición se debe indicar de manera clara y precisa el nombre y apellidos completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y dirección física o electrónica donde recibirá la respuesta, así como los hechos en que se fundamenta la solicitud.

Al momento de recibir la solicitud, la CRA iniciará el respectivo trámite y asignará un código único numérico con el que queda radicado el requerimiento y con el cual, el peticionario podrá hacer seguimiento al mismo. En el caso de solicitudes presentadas a través de la página web, el seguimiento también se podrá hacer con el código alfanumérico que se le informa al peticionario al momento de enviar la solicitud.

Las contribuciones especiales son aquellas prestaciones o tributos que se establecen a un grupo o sector de la población en contraprestación a la realización de una actividad estatal de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio.

Todos los actos administrativos expedidos por esta entidad referente a la contribución especial podrán ser consultados AQUÍ

En caso de tener cualquier inquietud podrá comunicarse con el área de contribuciones especiales a los teléfonos en Bogotá (60+1) 487 38 20 a las extensiones 905, 906, 921 y 923 o a la línea gratuita nacional: 57 (601)01 8000 517 565.

También podrá acceder al chat virtual los días jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. haciendo CLIC AQUÍ y plantear cualquier inquietud referente a la Contribución Especial de que trata el Articulo 85 de la Ley 142 de 1994.

El valor de la primera cuota y segunda cuota de la contribución especial debe ser consignado a nombre de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA identificada con NIT. 830.000.212-6, a través de los siguientes medios:

  • Cuenta corriente DAVIVIENDA No. 021-99285-4
  • Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 031-340136-91
  • A través de PSE desde nuestra página web: https://tramitesccu.cra.gov.co/epagos
  • También podrá realizar el pago a través del portal de autoservicios SOFÍA 

El contribuyente deberá remitir una solicitud de devolución firmada por el representante legal y anexar copia de i) Registro Único Tributario – RUT y ii) Certificado Bancario no superior a un mes.

La documentación deberá ser remitida vía correo electrónico a: actuacioncontribucion@cra.gov.co y/o correo@cra.gov.co o a la dirección física de esta Entidad: Carrera 12 Nº 97-80 Piso 2, Bogotá D.C.

La tasa aplicable a los intereses moratorios es la de usura determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 635 del Estatuto Tributario.

Si el contribuyente omite cancelar el monto de la obligación tributaria se deberán cobrar intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha límite de pago de conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 1066 de 2006.

La tasa aplicable a los intereses moratorios es la de usura determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 635 del Estatuto Tributario.

Si el prestador va a pagar, pero se encuentra en mora deberá comunicarse con el área de contribuciones para que se le realice el cálculo de intereses a la fecha en el que se estime efectuar el pago.

Si la deuda continua, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario se dará trámite al procedimiento de cobro persuasivo y coactivo.

El plazo para efectuar el pago de la contribución especial será de un (1) mes calendario contado a partir del día siguiente a la firmeza del acto administrativo de carácter particular de liquidación. En el caso de la vigencia 2020 será de cinco (5) hábiles contados a partir del día siguiente de la firmeza del acto.

El acto administrativo luego de notificado y con base en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quedará en firme a partir del día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos ó desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

Para efectos de notificarlos de la liquidación de la contribución especial, lo invitamos a diligenciar el formato de autorización electrónica el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.cra.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/notificaciones/contribuciones-1/documentos-de-contribuciones-especiales

Recuerde que el formato debe ser diligenciado por el representante legal de Entidad y debe adjuntar el soporte documental que acredite la calidad legal para actuar (registro mercantil con una vigencia no mayor a 30 días ó el acta de posesión).

Por lo anterior, se hace necesario que diligencie el formato adjunto y posterior a ello lo remita a esta entidad a alguno de los siguientes correos electrónicos: actuacioncontribucion@cra.gov.co; o a correo@cra.gov.co, para lo cual se dará aplicación a lo dispuesto en los Artículos 56 y 67 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el contribuyente será notificado por aviso en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Las Resoluciones de liquidación de contribución especial son notificadas de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En primer lugar, se toma la información financiera reportada y certificada por las Personas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios en el Sistema Único de Información, el cual, de conformidad con el numeral 4 del Artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 13 de la Ley 689 de 2001, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) está facultada para establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio público, el monto de sus activos y con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Por otro lado, para aquellos las Personas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios que no reporten la información financiera en el Sistema Único de Información – SUI, esta Unidad Administrativa Especial solicitará la remisión de la información financiera y procederá a efectuar la liquidación de la contribución especial, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en cabeza de la Subdirección Administrativa y Financiera, expide una Resolución de carácter particular debidamente motivada, la cual indica los conceptos contables tomados para efectos de la liquidación de la Contribución Especial e indica el valor a pagar para una vigencia en específico además de dictar otras disposiciones relacionadas.

En todo caso, quien desee conocer su estado de cuenta podrá solicitarlo ante el área de Contribuciones Especiales de la Comisión al correo electrónico correo@cra.gov.co.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, expide una resolución de carácter general por medio de la cual se fija la tarifa de la Contribución Especial aplicable a una vigencia en específico y se dictan otras disposiciones. La misma es publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Entidad

La contribución especial se paga en dos cuotas, el primer pago se realiza durante los dos primeros meses de cada año, dependiendo los plazos establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA para lo cual la entidad expide un acto administrativo fijando la fecha límite de pago; este pago corresponde al 50% del valor liquidado en la contribución especial del año inmediatamente anterior, la segunda cuota de la contribución especial se paga una vez la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA liquide la contribución especial al contribuyente para lo cual se descontará del valor total de la contribución el pago de la primera cuota.

Todas las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias sujetas a regulación por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 estableció la contribución especial como un tributo a cargo de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y demás actividades complementarias en todo el territorio nacional, el cual tiene la finalidad de recuperar los costos del servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA

En palabras de la Corte Constitucional: La contribución especial tendrán que realizarla las empresas de servicios públicos para garantizar las labores de regulación, control y vigilancia que realizan la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las comisiones de regulación especializadas, funciones que redundan en un especial beneficio para los usuarios de los servicios domiciliarios, quienes a su vez tienen la responsabilidad de hacer los pagos a las empresas que prestan estos insumos, para que a su vez ellas puedan reunir los dineros necesarios para costear la contribución especiales.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- en contraprestación a la actividad estatal de interés general que ejerce al regular y establecer las metodologías que deben ser aplicadas para fijar las tarifas en las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades complementarias deberá liquidar y cobrar anualmente a las entidades sometidas a la regulación el monto por contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con el fin de que la Entidad pueda recaudar su presupuesto anual.

Los elementos esenciales que tendrá en cuenta la Entidad al momento de liquidar la contribución especial, son:

Sujeto activo: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA-

Sujeto pasivo: Las entidades sometidas a regulación (artículo 15 de la Ley 142 de 1994)

Hecho generador: La prestación de algún o todos los servicios públicos de (i) acueducto, (ii) aseo, (iii) alcantarillado y/o (vi) actividades complementarias.

Base gravable: Regla general: Tomar los gastos de funcionamiento. Excepción: En caso de faltante presupuestal podrán ser incluidos los gastos operativos.

Tarifa: (%) porcentaje establecido anualmente

La Contribución especial cumple unas etapas especificas durante cada anualidad, que son:

ETAPA 1: Dentro de los primeros diez (10) días del mes de febrero, los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades complementarias deberán cancelar el cincuenta por ciento (50%) de lo liquidado por contribución especial en la vigencia inmediatamente anterior.

ETAPA 2: Dentro de los cuatro (4) primeros meses del año, los prestadores deberán reportar sus estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior en el Sistema Único de Información -SUI- de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD- con el fin de liquidar la vigencia fiscal presente.

Nota: El plazo para cargar estados financieros en el SUI podrá extenderse mediante comunicación oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ETAPA 3: Luego del período descrito en el etapa 2, la Comisión solicitará a la SSPD el reporte de la información cargada y con base en esta procederá a: (i) fijar la tarifa mediante acto administrativo general.

La tarifa es la unidad de medida para cobrar el tributo, la cual no podrá ser superior al 1%.

El trámite para fijar la tarifa que se calculará como base gravable para liquidar la contribución especial a cada prestador tiene sustento normativo en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Reglamentario 707 de 1995 y los artículos 14 y 15 de la Ley 689 de 2001.

La tarifa se emite mediante un acto administrativo general publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Entidad y se calcula con base en el reporte de todas las entidades sometidas a regulación, tanto de los cargados en el -SUI- como de los no cargados a quienes se les realiza un cálculo con base en el IPC.

Todos los actos administrativos expedidos por esta entidad referente a la tarifa y otros aspectos generales relativos a la contribución especial podrán ser consultados AQUÍ.

ETAPA 4: liquidar el valor por contribución especial a cada prestador mediante acto administrativo particular con base en el reporte de la información financiera cargada en el SUI.

Después de establecerse el porcentaje de la tarifa, la Entidad procede a calcular la base gravable teniendo en cuenta el porcentaje de la tarifa y los conceptos contables indicados como gastos de funcionamiento y/o operativos (excepcional) referenciados dentro de los estados financieros de las entidades sometidas a regulación y mediante acto administrativo de carácter particular liquida el valor a pagar.

El mencionado acto administrativo de carácter particular deberá notificarse, podrá ser sujeto de presentación de recursos y cobrará firmeza.

ETAPA 5: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza del acto administrativo de carácter particular, los prestadores deberán cancelar el valor de la segunda (2°) cuota, valor estimado en la liquidación definitiva menos el valor cancelado en la primera (1°) cuota efectuada en el mes de febrero.

Los actos administrativos de carácter particular deben notificarse de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En primer lugar, luego de expedido el acto administrativo el contribuyente deberá notificarse personalmente por medios electrónicos o presencialmente.

Si el contribuyente no tiene autorización de notificación electrónica, se citará para que se acerque a las instalaciones de la Entidad dentro de los cinco (5) primeros días siguientes al recibo de la comunicación para que se notifique personalmente; lo anterior, de conformidad con el Artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al Representante Legal.

Si el contribuyente no comparece dentro del término establecido, en este caso el contribuyente será notificado por aviso en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Luego del acuse de recibido de la notificación por aviso, la misma se entenderá surtida al día siguiente.

Es posible que el contribuyente durante el pago de la primera y/o segunda cuota pague un valor mayor al que debía cancelar en la liquidación definitiva, por tal razón, en materia tributaria, es posible obtener la devolución o compensación del valor en exceso, tal como lo expone el artículo 815 ó 850 del Estatuto Tributario.

En ese sentido, el contribuyente podrá decidir sobre la solicitud de devolución o compensación, anexando lo siguiente:

  • Remitir una solicitud de devolución firmada por el representante legal indicando el valor del saldo que requiere sea devuelto y deberá adjuntar copia de:

1.Registro Único Tributario – RUT.

2.Certificado Bancario no superior a un mes.

  • Remitir una solicitud de compensación firmada por el representante legal indicando la vigencia que requiere ser compensada.

La documentación deberá ser remitida vía correo electrónico: correo@cra.gov.co o a la dirección física de esta Entidad: Carrera 12 Nº 97-80 Piso 2, Bogotá D.C.