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Preguntas Frecuentes

¿Qué es y qué hace la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA?

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA – es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, como Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, regida por la Constitución Política y por la ley; sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mediante el Decreto 1524 de 1994 le fueron delegadas las funciones, relativas al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución Política le encomienda al Presidente de la República.

¿Quiénes conforman la Comisión?

  • El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien la preside. 
  • El Ministerio de Salud y Protección Social.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  • El Director del Departamento Nacional de Planeación -DNP-.
  • Cuatro (4) Expertos Comisionados de dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República, para periodos fijos de cuatro (4) años. 
  • El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ó su delegado (con voz pero sin voto.)

¿Quién nombra a los Expertos Comisionados?

Son nombrados por el Presidente de la República por un período de cuatro (4) años. Las funciones de Director Ejecutivo las ejerce uno de los expertos durante un año y luego entrega el cargo a otro Experto Comisionado.

¿Quiénes son actualmente los Expertos Comisionados de la CRA?

Conozca AQUÍ los perfiles de los Expertos Comisionados. 

¿Quién aprueba o fija las tarifas?

Las tarifas son fijadas autónomamente por las juntas directivas de las empresas o por quien haga sus veces, o por el Alcalde del municipio, cuando los servicios son prestados directamente por la Administración Municipal.

Las tarifas deben calcularse con base en las metodologías establecidas por la CRA, salvo que el prestador esté en alguna de las excepciones contenidas en la ley: tarifas establecidas mediante contratos (parágrafo 1 artículo 87 Ley 142 de 1994), libertad de tarifas (artículo 88 Ley 142 de 1994) y productores marginales (artículo 16 Ley 142 de 1994). La CRA no aprueba las tarifas.

La CRA se encarga de regular el sector a través del ejercicio de sus funciones:

  • Regulación de Monopolios Naturales y Competencia Económica.
  • Regulación de la Calidad del Servicio. Regulación de la Gestión Empresarial.
  • Regulación Tarifaria.

¿Por qué es necesario regular?

Dada la naturaleza monopólica de algunas actividades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, lo cual implica la presencia de un único proveedor, como el de agua potable, el sistema de precios de un mercado competitivo es difícil de conseguir. Por tanto, el Estado, a través del ente regulador, interviene para asignar el recurso de una manera más eficiente.

¿Cómo se calculan las tarifas?

Las tarifas se componen de dos elementos. Primero, los costos de referencia del servicio, los cuales se calculan con base en las metodologías expedidas por la CRA. Segundo, estos costos se afectan por los porcentajes de subsidio y contribuciones, los cuales son establecidos autónomamente por las autoridades municipales. Los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios, mientras que los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales pagan un aporte solidario, con el objeto de obtener recursos adicionales para otorgar dichos subsidios. Los usuarios residenciales de estrato 4, así como los usuarios del sector oficial, pagan el costo de referencia del servicio, es decir, no reciben subsidio ni pagan contribución.

¿Qué es el cargo fijo mensual?

El cargo fijo mensual corresponde al pago que cada usuario hace a la empresa de servicios públicos para cubrir los gastos administrativos en que ella incurre para garantizar que el servicio esté disponible permanentemente.

¿Es legal el cobro del cargo fijo?

Sí, el numeral 2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994 establece el cobro de un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso. El cobro de este cargo ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante varios pronunciamientos, entre los cuales se puede consultar la Sentencia C-041-03 de 28 de enero de 2003.

¿Cómo se calcula el cargo fijo?

Al respecto, la metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado contenida en la Resolución CRA N° 287 de 2004; dispone que para cada uno de los servicios se determina el cargo fijo con base en los costos medios de administración y el número de suscriptores del prestador. Tal valor, es básicamente el resultado de dividir los gastos de administración (afectados por un factor de eficiencia comparativa calculado para la empresa prestadora), entre el número de usuarios facturados. Toda la información deberá ser tomada del mismo año de prestación.

¿Cuáles son las resoluciones que contienen las metodologías tarifarias para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo?

Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, es la Resolución CRA N° 287 de 2004,“Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”Esta norma aplica a todas las empresas prestadoras de los servicios mencionados, salvo las excepciones contenidas en la Ley, dicha resolución se encuentra vigente y fue modificada y adicionada por las Resoluciones CRA N° 306 de 2004; 318, 327, 345 y 346 de 2005; y 367 de 2006.

De otro lado, el servicio público de aseo está regido por la Resolución CRA N° 351 de 2005,“Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios”y por la Resolución CRA N° 352 de 2005,“Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en el marco de la prestación del servicio público domiciliario de aseo”Estas resoluciones han sido modificadas y adicionadas por las Resoluciones CRA N° 403 y 405 de 2006; y 417 y 418 de 2007.

¿Cuáles son las causales para que se presenten incrementos en las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo?

Las variaciones (incrementos o disminuciones) de las tarifas obedecen a diferentes factores, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Incrementos por inflación: las tarifas pueden ser actualizadas cuando se acumule, por lo menos, un tres por ciento (3%) en los índices que contienen las fórmulas tarifarias (artículo 125 de la Ley 142 de 1994).
  • Variaciones por la aplicación de las disposiciones contenidas en las metodologías tarifarias: estas variaciones son particulares para cada uno de los municipios. Se presentan cuando algunas empresas calculan nuevamente sus costos de acuerdo con las metodologías vigentes. También puede ocurrir que la empresa solicita a la CRA una modificación de los costos en los que incurre para prestar el servicio.
  • Variaciones por modificación de los niveles de subsidios y contribuciones: estas variaciones se explican porque el Alcalde y el Concejo Municipal definen anualmente los porcentajes de subsidios y contribuciones que se aplicarán a los costos obtenidos de la aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

¿Cuánto es el monto máximo que se puede destinar a subsidios por estrato?

Los montos máximos para subsidios son 70% para usuarios residenciales del estrato 1, 40% para usuarios residenciales del estrato 2 y 15% para usuarios residenciales del estrato 3.

Estos subsidios se aplican en el caso de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el cargo fijo ($/suscriptor) y el cargo por consumo ($/m3) hasta 20 m3. Por encima de estos 20 m3 se cobra el cargo por consumo sin subsidio. En el servicio público de aseo, los porcentajes de subsidio se otorgan independientemente del nivel de producción de residuos, es decir, se aplican los porcentajes de subsidio sobre el valor total de la factura.

¿Quién otorga los subsidios?

El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador, según sea el caso, serán quienes definirán los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios y con cargo a su presupuesto, otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos.

Asimismo, los Concejos municipales, distritales y las Asambleas están en la obligación de crear los "Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994; así como los recursos del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes conforme lo dispone el Decreto 565 de 1996. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso.

¿Quién realiza la estratificación en la que se basan las empresas para realizar la aplicación de los subsidios y aportes solidarios en las facturas de

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, es competencia de los municipios estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 732 de 2002, respecto de las metodologías y los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado.

Una vez el municipio realice y adopte la estratificación urbana, de fincas y de viviendas dispersas rurales, deberá reportarla al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Con base en dicha estratificación se podrán asignar los subsidios y aportes solidarios a los suscriptores.

En consecuencia, la tarifa que cobrará el prestador deberá tener en cuenta la estratificación realizada por el municipio tanto en la zona urbana como en la zona rural. En caso de existir problemas o inconvenientes en dichos procesos de estratificación, el municipio deberá solucionarlos lo más pronto posible, para lo cual podrá contar con el apoyo técnico del DANE. Para aquellos suscriptores que no cuentan con estratificación, se deberá aplicar la tarifa sin subsidio ni aporte solidario.

¿Qué porcentaje del volumen de agua que consume un usuario tiene derecho a cobrar la empresa prestadora del servicio por concepto de alcantarillado?

A diferencia del servicio de acueducto, el cobro del consumo de alcantarillado, de manera general, no se efectúa a partir de la medición directa de la cantidad de agua que se utiliza y se vierte a las tuberías de aguas negras. Por razones técnicas y económicas, como criterio general, se emplea el mismo consumo de acueducto como medida para el cobro en el servicio de alcantarillado.

En ese entendido, el cobro del consumo de alcantarillado no se efectúa a partir de la medición directa del volumen de vertimiento a la red, sino que la Resolución CRA N° 287[1] de 2004, adoptó por razones técnicas y económicas, como criterio general emplear el consumo de acueducto como parámetro para el cobro en el servicio de alcantarillado.

¿Quién vigila el cumplimiento de las normas a las que están sujetas las personas prestadoras de los servicios públicos?

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es la entidad encargada de efectuar las funciones de inspección, control y vigilancia a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. Sus funciones están establecidas en la Ley 142 de 1994.

¿Quién vigila y controla la calidad del agua?

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1575 de 2007, el control de la calidad del agua de los acueductos se ejerce a través de las entidades que forman parte del Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en tanto que la responsabilidad de cumplir con la reglamentación expedida en el marco de este sistema debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto, sin ninguna distinción o diferenciación.

Dicho decreto establece las competencias de control y vigilancia de la calidad del agua en los siguientes organismos:

  • Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes reglamentan las características físico-químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano; diseñan los modelos para el control y la vigilancia de la calidad del agua; diseñan los criterios para los estudios de riesgo, programas de disminución de riesgo y planes de contingencia; y evalúan los resultados de la implementación del decreto en cuestión.
  • El Instituto Nacional de Salud, quien coordina la Red Nacional de Laboratorios para el control y vigilancia de la calidad del agua; establece los requisitos para la realización de la validación de los métodos analíticos; realiza revisiones aleatorias de las metodologías analíticas validadas y aplicadas para el análisis de la calidad del agua; actualiza el manual utilizado por la autoridad sanitaria y los prestadores para la toma y preservación de las muestras de agua; coordina el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad para Agua Potable, y efectúa la inscripción de los laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública.
  • Las autoridades sanitarias del orden departamental, distrital o municipal, quienes entre otras deben:
  1. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, los resultados de los análisis de las muestras de agua para consumo humano.
  2. Relacionar la información sobre calidad del agua con la información de morbilidad y mortalidad asociada a la misma y determinar el posible origen de los brotes o casos reportados en las direcciones territoriales de salud.
  3. Realizar la supervisión a los sistemas de autocontrol de las personas prestadoras del servicio de acueducto, según los protocolos que definan los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección Social.
  4. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano.
  5. Realizar la vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, tanto en la red de distribución como en otros medios de suministro de la misma.
  6. Calcular los índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano, IRCA, y reportar los datos básicos del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, IRABAM, al Subsistema de Calidad de Agua Potable, SIVICAP, de su jurisdicción.
  7. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la solicitud.
  8. Las autoridades sanitarias municipales categorías 1, 2 y 3, deben coordinar las acciones de vigilancia del agua para consumo humano con la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción.
  9. Realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 
  • La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios quien deberá iniciar investigaciones e imponer sanciones a aquellos prestadores que incumplan con las condiciones establecidas en el decreto en mención sobre el suministro y distribución de agua para el consumo humano.

¿Ante qué entidad se tramitan las quejas por la inconformidad en la prestación de los servicios públicos, por temas de calidad y facturación, entre ot

En primera instancia, los usuarios de los servicios públicos tienen el derecho de presentar peticiones, quejas y reclamos ante las oficinas de atención al usuario de las empresas prestadoras. Estas peticiones, quejas y reclamos deben ser respondidas por la empresa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

En caso que el usuario no esté de acuerdo con la respuesta emitida por la empresa prestadora, podrá hacer uso de un recurso de reposición ante la empresa prestadora y otro de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Para ello deberá enviar, al mismo tiempo, una carta dirigida a la empresa con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Allí deberá exponer el caso y explícitamente solicitar el recurso de reposición ante la empresa prestadora y el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). La carta debe enviarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la respuesta emitida por la empresa.

De no otorgarse respuesta por parte de la empresa prestadora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes entrará a operar el silencio administrativo positivo. Ello significa que al no contestarle al usuario, la empresa le da la razón. Lo anterior, es concordante con lo establecido en los artículos 152 al 159 de la Ley 142 de 1994.

¿Puede el prestador del servicio retirar el medidor y determinar su reemplazo?

La empresa prestadora de los servicios públicos, podrá cambiar el medidor cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el servicio que se presta. En tal caso, el usuario pagará a la empresa la diferencia entre el valor del medidor nuevo y el valor del medidor retirado así como de los materiales derivados de tales obras, a los precios vigentes, en un plazo máximo de seis (6) meses.

Cuando a juicio de la empresa el medidor no registre adecuadamente el consumo, ésta podrá retirarlo temporalmente para verificar su estado. Si se determina una falla en el instrumento de medida, se dará al usuario la opción de repararlo si, técnica y económicamente, esto resulta procedente.

En caso de requerirse el cambio del medidor, el usuario tendrá la opción de adquirirlo donde quiera, siempre y cuando el medidor reúna las características técnicas establecidas en el contrato de condiciones uniformes. La empresa también podrá suministrarlo pero previa autorización del suscriptor.

En todo caso, cuando el medidor sea retirado para su reemplazo, deberá ser entregado al usuario en su condición de propietario del mismo, salvo que expresamente el usuario indique lo contrario.

Lo anterior, es concordante con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 229 de 2002 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000”.

¿Qué procedimiento se debe seguir para presentar un PQRSD?

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, y a obtener pronta resolución sobre la misma.

Las peticiones se pueden presentar en forma verbal, telefónica o escrita, a través de cualquiera de los canales que la Entidad ha dispuesto para tal fin.

En la petición se debe indicar de manera clara y precisa el nombre y apellidos completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y dirección física o electrónica donde recibirá la respuesta, así como los hechos en que se fundamenta la solicitud.

Al momento de recibir la solicitud, la CRA iniciará el respectivo trámite y asignará un código único numérico con el que queda radicado el requerimiento y con el cual, el peticionario podrá hacer seguimiento al mismo. En el caso de solicitudes presentadas a través de la página web, el seguimiento también se podrá hacer con el código alfanumérico que se le informa al peticionario al momento de enviar la solicitud.

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